Cita a declarar a cuatro personas en calidad de imputados, entre ellos un director xeral de Política Territorial y otro de Economía
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez ha admitido a trámite y ha abierto diligencias previas sobre la querella presentada por el PPdeG a principios de este mes de febrero por supuesta prevaricación en la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la Vía do Barbanza, que realizó el Gobierno bipartito.
Según indicaron las fuentes consultadas por Europa Press, el juez encargado de este caso decidió citar a declarar, en calidad de imputados, al director xeral de Obras Públicas de la Consellería de Política Territorial, Manuel Morato Miguel; al director xeral de Política Financiera e Tesouro de la Consellería de Economía e Facenda; Eugenio García Lalinde; al subdirector xeral de Estradas, Antonio López Blanco; y a la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de A Coruña, Teresa Palacios Alonso.
Los cuatro imputados están llamados a declarar, de dos en dos, el 4 y el 5 de marzo, respectivamente, según el auto del juez hecho público hoy. De este modo, admite la denuncia interpuesta por el PPdeG contra la Xunta por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, y negociación prohibida a funcionarios públicos y abusos en ejercicio de su función.
El PPdeG anunció que llevaría el asunto a los tribunales el pasado 30 de octubre después de que socialistas y nacionalistas rechazasen hasta en dos ocasiones la creación de una comisión de investigación sobre este tema, a pesar de los "numerosos indicios de delito", según destacaron los 'populares'.
SOBRECOSTE DE 30 MILLONES.
El presidente de los 'populares' gallegos aseguró entonces que "espera" que los tribunales "acrediten" el origen del "sobrecoste" de 30 millones de euros del cual, según él, "saben tres personas", en referencia a él mismo, a la conselleira de Política Territorial, María José Caride y al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.
La confirmación de que el PP elevaría el proceso al ámbito judicial se produjo después de semanas de cruces de acusaciones entre Gobierno y oposición por la supuesta "prevaricación" que los populares detectan en la concesión de las obras a Sacyr, frente a la propuesta de la UTE encabezada por la constructora de Jacinto Rey.
Del mismo modo, el Partido Popular denunció que la titular de Política Territorial "participaba en la empresa que hizo un informe 'ad hoc'" para conceder las obras a Sacyr y acusó al bipartito de "encubrir beneficios de empresas". Caride negó cualquier "relación familiar, laboral o personal" con esa compañía y advirtió de que los servicios jurídicos de la Xunta analizarían "las difamaciones del PP" por si éstas fuesen constitutivas de delito.
Además, el PPdeG reprochó que el precio que pagará la Xunta a la empresa concesionaria por cada vehículo que pase por la autovía durante 30 años será de 0,0326 euros, un 9,4% más cara que la propuesta de San José.
