Dos perros de raza pitbull-Archivo
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de 100.000 perros dejarán de ser considerados "potencialmente peligrosos" si prospera el cambio de legislación que prepara el Gobierno y que espera presentar en el mes de mayo, según la Real Sociedad Canina Española (RSCE) que celebra que los canes dejarán de ser estigmatizados por esta nomenclatura que los "criminaliza".
Según los cálculos de la organización canina en España hay registrados más de 100.000 ejemplares de las razas consideradas potencialmente peligrosas que supone una "estigmatización" tanto a ellos como a sus dueños. En concreto, la normativa vigente califica en esta categoría a ocho razas de perros de las que la RSCE tiene registros de siete de ellas por lo que calcula que esta cifra es una buena aproximación a la realidad numérica de ejemplares de estas razas en España.
El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, anunció esta medida esta misma semana en la I Jornada Política de la RSCE, 'Hacia una nueva Ley de Bienestar Animal', de modo que la próxima normativa acabaría con esta denominación. Precisamente, se trata de una de las principales peticiones de la Canina, que ya el pasado año, en sus 10 iniciativas legislativas, propuso la derogación del 'Perro Potencialmente Peligroso' (PPP).
Actualmente, la figura del PPP queda recogida en el Real Decreto 287/2002, en su Anexo I, donde se incluyen ocho razas caninas como 'potencialmente peligrosas'. De ellas, siete forman parte de los registros de la RSCE, de forma que el número aproximado de perros estas razas (de los registrados en el Libro de Orígenes Español, LOE) que se podrían beneficiar de un cambio de la legislación sería de unos 40.000.
A ellos habría que sumar, como mínimo, otras ocho razas que aparecen en diferentes regulaciones autonómicas y que arrojarían un número adicional de 31.000 perros más. Pero si a esos 71.000 ejemplares se sumaran aquellos que responden a los criterios del Anexo II de la legislación actual, incluyendo a los mestizos, se alcanzaría una cifra muy por encima de 100.000 perros, precisa la RSCE.
De aprobarse la normativa, los perros serían catalogados de manera individual y no por su raza, para atender no a sus características físicas sino de temperamento y conducta.
El presidente de la RSCE, Julián Hernández, considera que "legislar sobre potencialidades implica establecer unas generalidades que, además de ser injustas, han propiciado la criminalización y la marginación social de determinadas razas y, por ende, de sus tutores. Esperamos que, con este cambio de Ley que nos anunció el director general de Derechos de los Animales en primicia, por fin pueda cambiar esta situación".
En la jornada, García Torres anunció que el Gobierno espera presentar el próximo mes de mayo un anteproyecto de ley para modificar la Ley 50/99 sobre animales potencialmente peligrosos para fijarse en el comportamiento individual de los animales de compañía sin tener en cuenta "la raza concreta con la que ha nacido" y evitar así prejuicios "injustos". La norma establecerá un mecanismo de validación de comportamiento de cada ejemplar.
Además, el anteproyecto de ley prevé que los perros que necesiten algún "manejo particular" se deben educar con técnicas de mejora de comportamiento para que dejen de ser peligrosos.
García Torres explicó los cambios normativos que conllevará la ley de Bienestar animal que prepara el Ejecutivo y durante la jornada, la RSCE solicitó al representante del Gobierno una nueva ley que universalice la identificación canina, educación de niños y jóvenes en valores que fomenten el respeto y la empatía animal, protección y fomento de razas autóctonas y reconocimiento al trabajo de los criadores éticos y responsable.
HOMOGENEIZAR 17 NORMATIVAS
Torres detalló que la ley que prepara el Gobierno y cuyo borrador está en trámite de información pública, se centrará en homogeneizar las 17 normativas autonómicas para establecer un marco general común, al tiempo que incluirá un 'Sistema de Registros de Protección Animal' (SRPA), del que formarán parte diferentes sistemas de identificación. Entre ellos, se creará un registro de centros de bienestar animal, por el que se garantizará la profesionalidad del sector; el de la recogida de animales abandonados o las entidades de protección animal.
Igualmente, se implantará un Registro Nacional de Profesionales de comportamiento y educación canina en colaboración con los Ministerios de Trabajo y de Educación, de modo que se establecerá un marco de formación para que los profesionales puedan incorporarse de forma regulada al mismo y para que los clientes puedan acceder a profesionales con "garantía".
Dentro del SRPA, también se prevé un Registro Nacional de Animales de Compañía que coordinará los 17 registros autonómicos a modo de "metaregistro" al que se pueda acceder en tiempo real a todos los datos de todos los animales del país.
García Torres agregó que al mismo tiempo y dentro del mismo paraguas se establecerá un Registro Nacional de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía porque en la actualidad hay que ser un "experto" en legislación autonómica y municipal para controlar estos núcleos. Esta iniciativa se está elaborando en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que "en breve" pondrá sobre la mesa un Real Decreto de Núcleos Zoológicos.
Por otro lado, informó de la creación de un Registro Nacional de Criadores de Compañía que incluirá a profesionales y amateurs para que "solo los registrados" puedan ser criadores oficiales.
Otra de las "piezas clave" de la normativa será la obligación de identificar a los animales de compañía antes de que puedan ser comprados y dentro de los tres primeros meses de vida para que la cría esté controlada, al tiempo que se pondrá en marcha un Registro Nacional de Inhabilitación para la Tenencia de Animales de Compañía en el que se incluirá a todos los condenados por maltrato, que no podrán registrar animal alguno a su nombre.
SERES SILIENTES
El proyecto de ley prevé modificar también el código civil para que reconozca que los animales sean seres sintientes en línea con el Tratado de Lisboa, así como otra modificación del Código Penal para actualizar al alza las penas por delitos de maltrato animal ya que las actuales se quedan "bastante laxas" ya que el máximo son 18 meses.
Asimismo, el director general expuso que se están planteando un anteproyecto de ley para los perros de asistencia que incluya criterios homogéneos y que equipare, en particular, su acceso en espacios públicos. "El anteproyecto de ley nacional de protección animal que será la combinación de proyectos", ha defendido García Torres, que insiste en la necesidad de avanzar hacia el abandono cero y el sacrificio cero.
