MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La FAPA Giner de los Ríos, CCOO y UGT han manifestado este miércoles su desacuerdo con la tramitación del anteproyecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa porque lo consideran "improcedente" después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya disuelto la Asamblea de Madrid para convocar elecciones anticipadas.
En una rueda de prensa, las citadas organizaciones han presentado el dictamen alternativo que presentarán ante el Pleno del Consejo Escolar, que el viernes debatirá el Anteproyecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, en el que solicitan el "archivo del anteproyecto de ley y de todo su expediente".
Asimismo, hacen constar que no ha sido retirada y archivada la petición de dictamen al Consejo Escolar por parte del Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, proponente de la misma y único órgano con capacidad de hacerlo, pese a la "reiterada petición" de la organizaciones.
Argumentan que la tramitación del proyecto es "improcedente" porque "adolece de vicio de nulidad de pleno derecho por imposibilidad de la propia continuación del trámite", al estar disuelta la Asamblea de Madrid.
Por su parte, desde la Consejería de Educación y Juventud han defendido que la tramitación de la ley continúe, aunque se haya disuelto la Asamblea, porque se trata de trámites administrativos, y finalizados los mismos tendría que ser aprobado el anteproyecto por el Consejo de Gobierno, que lo enviaría a la Cámara.
"Si no está constituida la Asamblea no se puede aprobar pero el trámite administrativo continúa", han aclarado, al tiempo que han defendido la validez de los trámites que se lleven a cabo ahora de cara a una futura tramitación parlamentaria.
Sin embargo, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha insistido en que "no es procedente" que continúe la tramitación y ha manifestado "serias dudas de que se adapte a derecho, tanto en materia del procedimiento que se ha elegido, por la vía de urgencia, como en lo que rige la regulación electoral".
A su juicio, "el prestigio y el valor del Consejo Escolar quedan muy tocados, porque parece que el Consejo Escolar se convierte en un instrumento más para el partido en el Gobierno, para el Partido Popular, que concurre a las elecciones, en el sentido de dirigir sus trabajos para ser un elemento más que alinee la campaña y situar sus propuestas en materia educativa".
En cuanto al fondo de la ley, Galvín ha rechazado elementos que ha calificado como "falacias", por ejemplo, a su juicio, "lo que se dice en materia de libertad de elección", ya que ha considerado que no estaría garantizada esa libertad de elección mientras la propia Consejería de Educación y Juventud recurre a mecanismos para, antes de iniciar los procesos de escolarización, "suprimir plazas" en la enseñanza pública.
Asimismo, ha cuestionado que se trate de una propuesta novedosa, ya que "realiza de manera reiterada cortas y pegas de normas anteriores", como en lo que tiene que ver con la educación especial. A este respecto, ha señalado que cuando habla de dotar de recursos humanos a este tipo de educación, "queda absolutamente como papel mojado, como todo el anteproyecto, porque no está vinculado a una memoria económica".
"De igual manera tenemos que referirnos a lo relativo al castellano, porque en Madrid solo hay una lengua oficial que es el castellano", ha agregado. Por otro lado, ha afirmado que Madrid carece de competencias para regular el acceso a la Inspección Educativa, por lo que considera que en este punto puede ser inconstitucional.
Por otro lado, ha destacado que el anteproyecto legaliza la segregación por sexo y la cesión del suelo público para la proliferación de los conciertos, a pesar de lo que dice la LOMLOE.
La secretaria de Enseñanza de UGT, Teresa Jusdado, ha considerado que el anteproyecto no parte del análisis de la situación actual de la educación madrileña, a la que, a su juicio, debería responder una ley educativa, y que esta habría que consensuarla con la comunidad educativa.
PIDEN UN PLAN PARA ELEVAR LA INVERSIÓN
Así, ha planteado que una ley educativa madrileña debería contener un plan para aproximar la inversión al 7% del PIB, "en el que se pudieran revertir todos los recortes y mejorar en materia educativa".
Igualmente, ha considerado que debería incluir un plan de empleo que reduzca la temporalidad, reducir la carga lectiva de los docentes, homologar las retribuiciones con otras comunidades autónomas, regular el trabajo el línea.
Asimismo, ha expuesto que debería abordar la desigualdad y la segregación mediante un "plan de compensación de desigualdades", así como asegurar la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos y garantizar plazas públicas.
Jusdado también ha defendido que "habría que mantener las ratios del curso actual" e incrementar las plantillas, al tiempo que ha subrayado que a pesar de que regula la educación especial no aporta las herramientas para que la educación madrileña disponga de más recursos humanos dedicados a la atención a la diversidad.
También ha criticado que no se mencionen inversiones en infraestructuras, cuando hay un "importante déficit de inversión en construcción y mantenimiento de los centros educativos", ni tampoco en materia de transformación digital.
Por su parte, la presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, María Carmen Morillas, ha ahondado en que se echan en falta "muchísimas cosas" en este anteproyecto de ley, y ha subrayado la "falta de participación real y efectiva de la comunidad educativa".
