Cree que la Generalitat tiene "cada vez menor exigencia en el cumplimiento de los fines de la pena"
BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona considera que fue un "fraude de ley" que la Generalitat concediera la semilibertad a los presos del 1-O al aplicarles el artículo 100.2 del reglamento penitenciario en febrero de 2020, que les permitía salir de prisión durante el día para trabajar o hacer voluntariado.
Se les otorgó "en unos términos tan amplios que suponía 'de facto' una clasificación inicial en tercer grado en fraude de ley, por lo que todas esas resoluciones fueron recurridas", manifiesta el servicio de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía en su memoria de 2020, consultada por Europa Press.
En el mismo documento, afea que todos ellos progresaron a tercer grado "con escasísimo tiempo de cumplimiento en relación a la gravedad y a la entidad de las penas impuestas", que oscilaban entre los 9 y los 13 años de cárcel, lo que Fiscalía tacha de reinterpretación de la sentencia.
Sostiene que los líderes independentistas, ahora indultados, no estaban "en situación de hacer vida en semilibertad con evidente incumplimiento de los fines de la pena", y que por eso insistió en los recursos contra su semilibertad.
En ese sentido, se refiere a su propia memoria de dos años antes, y mantiene que "las condiciones de tranquilidad e imparcialidad por parte de los funcionarios y de las autoridades penitenciarias de la administración catalana no son las óptimas" para evaluarles.
"Se detecta por la administración catalana una cada vez menor exigencia en el cumplimiento de los fines de la pena, en especial el retributivo y la prevención especial y general", y destaca las prisiones de Lledoners (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona).
Al exponer su trabajo a lo largo de 2020, la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria valora que, aunque hubo menos presos que otros años, fue "más arduo que nunca", especialmente por la incidencia de la causa de los presos del 1-O.
