Se comprometen a combatir la ocupación de pisos y a evitar la inmigración ilegal
BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Convergents, que encabeza el exconseller Germ Gordó, apuesta por el derecho a decidir del pueblo catalán en su programa electoral, en el que se definen como un partido "soberanista, democrático y de centro amplio".
A la espera de que el Consell Nacional ratifique este sábado el programa electoral, al que ha tenido acceso Europa Press, fuentes de la formación apuntan que es el texto con el que se presentarán en caso de concurrir en solitario a las elecciones.
Sin embargo, Convergents mantiene contactos desde hace tiempo con el PDeCAT y la Lliga Democrtica, y la semana que viene empezará oficialmente conversaciones con Lliures, con lo que, en caso de confluir con alguna formación, están abiertos a "ajustar" su contenido.
El derecho a decidir se recoge en el primer punto de programa, que bajo el título de 'Catalunya, un país de libertades individuales y colectivas, reconoce "como patria propia la catalana y como bandera la 'senyera".
"Convergents tiene como finalidad la defensa de la soberanía nacional de los catalanes para decidir libremente su futuro", exponen en el programa, donde también piden crear sistemas electorales con circunscripciones de carácter unipersonal y mayoritario, adaptados a la realidad de cada proceso electoral.
En el capítulo económico, defienden la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y el del Patrimonio así como la rebaja del IRPF, según los tramos, entre un 1% y 2%, fijando dicho impuesto en el 40%.
También quieren modificar el IVA de los productos de primera necesidad y algunos servicios esenciales para que tributen sólo al 4%; bajar del impuesto de Sociedad de las pymes hasta el 15% hasta 2023 así como la presión fiscal de los autónomos; combatir el fraude fiscal, e incentivar la economía verde y azul.
POBREZA ENERGÉTICA Y DESAHUCIOS
En el ámbito social, sitúan como una prioridad las políticas de protección y fomento de la institución familiar "en sus diversas formas" y de los más vulnerables, y se comprometen a frenar la pobreza energética y a impulsar políticas para evitar desahucios, promoviendo acuerdos con entidades financieras, grandes propietario y otros agentes implicados, e impulsando la dación en pago.
En paralelo, avisan que combatirán la ocupación ilegal de pisos garantizando "la devolución inmediata de los pisos a sus legítimos propietarios", y que impulsarán un paquete de modificaciones legislativas con el objetivo de proteger la propiedad privada.
Sobre inmigración, piden acoger a los recién llegados con una acción coordinada con las entidades público-privadas, pero también crearán "estrategias para evitar la inmigración ilegal" y apoyarán las necesidades de estas personas en los países de origen.
Tras reivindicar a los Mossos como policía integral de Catalunya, Convergents se compromete a avanzar en la lucha contra todos los extremismos violentos, y también contra el comercio ambulante ilegal "que perjudica al pequeño comercio, potencia las mafias e induce a confusión a los consumidores".
EDUCACIÓN Y LENGUA
Además de situar el catalán en la escuela como eje vertebrado de un proyecto plurilingüe, defienden el modelo educativo de escuelas públicas, concertadas y privadas así como el derecho de las familias a elegir escuela, y recogen que quieren exigir que el catalán sea lengua oficial en la UE.
En el capítulo de infraestructuras, quieren impulsar un plan estratégico del Corredor Mediterráneo; diseñar un modelo de gestión aeroportuaria que permita políticas de tarifas propias; unificar la gestión de toda la red ferroviaria; avanzar en la "reducción del pago o en la gratuidad de los principales ejes del país, como la AP-7 y la AP2", y desplegar la Ley de Veguerías como división territorial adoptada por la Generalitat.
Sobre derechos y oportunidades, trabajarán para garantizar un poder judicial y un ministerio fiscal independientes; para culminar las estructuras judiciales dentro del territorio, convirtiendo el TSJC como última instancia judicial, y creando el Consell de Justicia de Catalunya; para crear un salario mínimo basado e la media de los países europeos, en base al PIB catalán, y para promover políticas que contribuyan a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
