Artigas, Puigneró, Marín, Bonet y Gay inauguran el III Digital Law Congress del Icab
BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Maria Eugnia Gay, ha destacado este jueves la importancia de "tomar garantías para limitar vulneración de derechos fundamentales" en el progreso de la tecnología, teniendo en cuenta también que la pandemia de coronavirus ha aumentado el tiempo y las actividades que se hacen online porque permite así mantener las medidas de seguridad sanitaria.
Lo ha expresado durante la presentación online del III Digital Law Congress, que organiza la Comisión de transformación digital del Icab, y en la que también han intervenido la secretaria de Estado Carme Artigas, el conseller Jordi Puigneró, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, y la teniente de alcalde de Barcelona Laia Bonet.
Gay ha llamado a paliar la brecha digital, y ha augurado que "la ciberseguridad, la aparición de nuevas formas de delincuencia, van a marcar también el futuro", por lo que considera que la tecnología esconde un binomio de peligros y fortalezas, ante lo que ha animado a preservar su buen uso y a trabajar para que sirvan para proteger los derechos humanos.
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha destacado que "la transformación digital es clave para la transformación económica, lo que requiere asegurar los derechos digitales de la ciudadanía", y en este sentido ha ensalzado la regulación del derecho al olvido y a la desconexión digital en el ámbito laboral, y ha explicado que el Gobierno trabaja en una Carta de Derechos Digitales para ampliar esta regulación.
También ha señalado que la tecnología "ha cambiado de manera irreversible la forma de relacionarse y realizar actividades sociales, laborales y económicas", lo que ha considerado como un reto para la seguridad y para la confianza en entorno digital, y ha pedido asegurar que los derechos se equiparan en el entorno analógico y el digital.
Por su parte, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha destacado que "los nuevos derechos que abre el entorno digital deben encajarse en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible" de la Agenda 2030, y ha señalado la importancia de garantizar el acceso universal a Internet para evitar la brecha digital.
Sobre la crisis provocada por el coronavirus, y en comparación a la 2008, ha asegurado que "existe la firme voluntad pública de ser más justos, más equitativos, evitar una grieta de exclusión como sucedió entonces", y ha llamado a regular los derechos de las personas en el contexto digital dado que ha ganado importancia con el teletrabajo y el distanciamiento social.
ADMINISTRACIÓN Y DERECHOS DIGITALES
La concejal y teniente de alcalde de Barcelona Laia Bonet ha advertido de la "necesidad de aplicar un enfoque de protección de derechos al proceso de digitalización para que los derechos humanos sigan vigentes en este siglo", y ha sostenido que los derechos digitales deben ser también derechos humanos, de manera que los principios de universalidad, igualdad y no discriminación guíen el desarrollo y aplicación de tecnologías como el 5G y la inteligencia artificial.
En cuanto al trabajo del Ayuntamiento de Barcelona en esta materia, Bonet ha destacado su función en la Coalición de ciudades por los derechos digitales y ha explicado que el consistorio trabaja en un plan de choque para la inclusión digital que incluirá más puntos públicos de acceso a Internet, además de un reglamento municipal sobre el uso de algoritmos, datos e inteligencia artificial en los servicios municipales para "garantizar un uso ético sin vulnerar el derecho privacidad".
Finalmente, el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha distinguido dos modelos en cuanto a la relación entre la ciudadanía y los gobierno en lo que se refiere a Internet: el que ha llamado modelo americano, "en cual la tecnología y los datos los han gobernado las grandes corporaciones", y el que ha llamado modelo chino, del que ha dicho que los gobiernos usan los datos y la tecnología con voluntad de controlar a la ciudadanía.
Ante estos dos paradigmas, Puigneró ha dicho que Europa tiene "la obligación de poner un tercer modelo, donde la tecnología y los datos los gobiernen los ciudadanos" y en el que los derechos fundamentales se revisen y adapten al entorno digital.
En este sentido, ha ensalzado la Carta catalana de derechos y responsabilidad digital, que ratificó el Parlament, y ha reclamado ser muy garantistas para intervenir o bloquear comunicaciones.
