Foro Gijón lleva a la justicia la Ordenanza de movilidad

Archivo - El portavoz y el concejal de Foro Gijón, Jesús Martínez Salvador (derecha) y Pelayo Barcia, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón
Archivo - El portavoz y el concejal de Foro Gijón, Jesús Martínez Salvador (derecha) y Pelayo Barcia, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón - FORO GIJÓN - Archivo
Actualizado: viernes, 23 julio 2021 12:47

GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, y el concejal Pelayo Barcia Castañón han ofrecido han anunciado que Foro Asturias ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza de movilidad. "Hemos agotado todos los plazos con la esperanza de que el Gobierno de Ana González rectificase, pero no ha sido posible" señalan.

Los concejales foristas han informado que DVuelta Asistencia Legal, la asesoría experta en tráfico y transportes que recurrió con éxito Madrid Central en 2018, se encarga de representar Foro Asturias en este asunto. "En un tema tan importante para la ciudad hemos decidido contar con los que más experiencia tienen", han apuntado.

Pelayo Barcia ha explicado que "tras la presentación del recurso, el Ayuntamiento debe enviar toda la documentación a los juzgados que, a su vez, la enviarán a los abogados para formalizar la demanda. Atendiendo a los tiempos de la Justicia en Asturias posiblemente este paso podrá suceder en otoño (octubre 2021). Posteriormente, el TSJ debe resolver lo que le suele llevar entre 3 y 6 meses, con lo que en el mejor de los casos la sentencia estaría en primavera de 2022".

"Hay que recordar -ha continuado- que las prohibiciones de estacionamiento entran en vigor en enero de 2022 y es altamente probable que se produzcan sanciones con la Ordenanza judicializada".

Barcia destaca, a día de hoy todas las sanciones de tráfico, aunque no sea por motivos novedosos respecto a la anterior Ordenanza, ya se están interponiendo bajo la nueva normativa. Y recuerda que en Madrid sucedió lo mismo: la Ordenanza se aprobó en 2018, pero la sentencia de anulación no llegó hasta 2020, y no fue firme hasta principios de 2021, por lo que el Consistorio madrileño se ve ante la tesitura de tener que devolver entre 60 y 125 millones por la anulación de Madrid Central.

"Viendo que el Gobierno local no quiere retrasar la aplicación de la Ordenanza, a pesar de la crisis, al menos le pedimos que la retrase hasta que se resuelvan los problemas legales que contiene y no ponga en riesgo las arcas municipales", concluye.

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