SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto del grupo municipal Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este jueves la situación de precariedad y persecución laboral que sufre el colectivo de vigilantes de seguridad de la empresa Hispanosegur, que desempeña su tarea en el edificio Laredo y las instalaciones de las calles Pajaritos y Santander, así como en las bibliotecas y Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM).
La denuncia pública se produce tras la reunión que el edil ha mantenido con miembros del Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla, quienes han informado de la situación extrema que afrontan los vigilantes de las
mencionadas instalaciones "tras más de tres meses sin cobrar sus nóminas", detalla la formación en un comunicado.
En este sentido, González Rojas ha reprochado al gobierno municipal "que tolere la vulneración sistemática de los derechos" de estos trabajadores que, además, están bajo amparo de las cláusulas sociales aprobadas por el propio Ayuntamiento. "Para nada sirve tener cláusulas sociales muy avanzadas y pliegos que recojan los derechos de trabajadores si luego las empresas se los saltan a la torera y el equipo de gobierno mira para otro lado", ha esgrimido al respecto.
Así, el edil de Adelante ha instado al Ayuntamiento a cumplir con su responsabilidad y garantizar que las cláusulas sociales son respetadas en las subcontrataciones que realiza la corporación con dinero público. Además, ha recordado la necesidad de crear un órgano de supervisión y fiscalización que de verdad vele por una correcta ejecución de las contrataciones públicas y por el respeto a los derechos laborales, "evitando de este modo que las empresas privadas hagan de las suyas".
Además del impago de nóminas de hasta cinco meses, "en unos momentos especialmente difíciles", como ha explicado el colectivo de trabajadores, entre las vulneraciones denunciadas se encuentra el incumplimiento del convenio colectivo del sector, la persecución sindical o el despido de trabajadores que interponen demandas contra la empresa, "así como su negativa a entregar los recibos de salario correspondientes a cada mes según recoge el Estatuto de los Trabajadores".
